Ley Zaldívar. Precedente de Riesgo en el Poder Judicial

 Atentado a la División de Poderes en México

• Inconstitucionalidad en el Congreso

La separación de poderes y la confiabilidad en el Poder Judicial de un Estado son requisitos sine qua non podemos estar hablando de un Estado plenamente democrático. Actualmente se ha aprobado el decreto por el cual se reforma el la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación añadiendo un artículo transitorio que le otorgaría al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismo tiempo del Consejo de la Judicatura Federal capacidad para extender su mandato hasta el 31 de diciembre de 2024 y a otros miembros de CJF. De aprobarse ese decreto en la Cámara Baja (como ya sucedió en la Comisión de Justicia de la misma), sentaría un precedente legal peligroso para la democracia y la independencia de los poderes de la Federación.

Imagen 1.1: La Cámara en la madrugada del 22 de abril aprobando la controversial reforma a la Ley Judicial.
(Fuente: La Jornada)

El hecho de que esta propuesta se haya presentado al Senado por orden del titular del Poder Ejecutivo y su partido, haciéndose pasar como una inocente iniciativa de un senador oaxaqueño miembro del Partido Verde Ecologista de México, ya es de por sí bastante sospechoso. Pero inconformes, buena parte de los líderes morenistas han apoyado el proyecto, eso incluye al presidente López Obrador, afirmando que la presidencia de Arturo Zaldívar es esencial para sus proyectos en materia judicial.

El asunto aquí no es el hecho de que se pretenda forzar que una reforma sea Ley, a fin de cuentas — y penosamente —, así funciona el proceso legislativo. Lo que incentiva a la suspicacia es que se esté usando el control sobre el Congreso para obtener control sobre la Suprema Corte, siendo defendido a capa y espada por MORENA y sus aliados a pesar de su evidente inconstitucionalidad.

Imagen 1.2: Raúl Bolaños Cacho Cué, coordinador parlamentario del PVEM
y senador por Oaxaca fue quien presentó la iniciativa ante el Senado.
Cabe señalar que el Verde va con MORENA en estas elecciones.
(Fuente: Partido Verde)

El proyecto que el día de hoy ha sido aprobado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y turnado al pleno para la votación final contradice directamente a la Constitución Política de nuestro país, más específicamente en sus artículos 97 y 100 que rezan lo siguiente:

“Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 97, fragmento).

“Salvo el Presidente del Consejo, los demás consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período”. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, fragmento).

• ¿Y cómo lo percibe el plano jurídico e internacional?

Las anteriores y claras violaciones a la Constitución nos han valido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste a los legisladores a conservar las limitaciones dispuestas en la Carta Magna y resguardar la independencia de poderes. Opinión que comparte la Barra Mexicana de Abogados, quienes han manifestado su rechazo a estas acciones.

Lo que tenemos aquí es una reforma que está fungiendo como un arma de doble filo para el Poder Judicial y su permanencia en la apolítica; por un lado, de aprobarse en la Cámara y no someterse a revisión de los ministros de la Corte se estaría sentando un precedente legal para administraciones futuras que quieran injerir sobre ellos… pero de impugnarse por los ministros de manera oficiosa, haría al Poder Judicial pasar por una crisis interna, ya que tendrían que discutir abiertamente sobre el destino legal de su actual presidente y el futuro de 3 miembros del Consejo de la Judicatura.

Arturo Zaldívar ha expuesto en repetidas ocasiones que él no estaba enterado de los planes de MORENA para extenderlo en el cargo, pero lo cierto es que da igual si desconocía o no de la reforma, lo que importa es que no haya hecho algo para detenerla. Para más inri, está el hecho que otro precepto constitucional está siendo violado en este proceso: la duración del ejercicio de un ministro de la Corte en calidad de tal, que es de 15 años exactos. Zaldívar cumple su quinceavo aniversario en la SCJN el 1 de diciembre de 2024, lo que, en palabras de la diputada priísta Dulce Sauri, haría “imposible” jurídicamente su extensión a como el plan de reforma se encuentra actualmente.

Imagen 2.1: La CIDH (organismo dependiente de la

Organización de los Estados Americanos) ha expresado
su preocupación sobre el dudoso procedimiento
legislativo que reforma a la LOPJF. (Fuente: OEA)

En última instancia, pero no menos relevante, tenemos un hecho peligroso: La aprobación popular. El argumento obradorista de que el magistrado Arturo es esencial para una “verdadera” limpieza dentro del Poder Judicial y la cercanía de éste con el huésped de Palacio Nacional han causado que un sector que apoya al presidente les importe poco los artículos de la Constitución violados, la ignorancia para con los preceptos de la ONU en materia de derechos humanos o las llamadas de atención de la CIDH, este sector apoya y promueve estas acciones, desdibujando aún más la delgada línea entre lo legal y el abuso de poder.

En conclusión, quien alguna vez dijo “al margen de la Ley nada, por encima de la Ley nadie” es evidente que está faltando a sus propias máximas usando la maquinaria del Estado para metas más personales que públicas, abanderando un concepto subjetivo como corrupción en un intento de legitimidad. La Cámara y el Poder Judicial se están enfrentando a una encrucijada que definirá la independencia del segundo y el respeto a la Ley del primero. Arturo Zaldívar no puede por ningún medio legal prorrogar su cargo, estando los consejeros del CJF en las mismas condiciones. La llamada Ley Zaldívar no puede hacerse realidad, y si la Corte tiene que sacrificar a su propio presidente, tiene que hacerlo en aras de hacer valer su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución. El propio ministro se manifestó en contra de acciones similares (la Ley Bonilla y el Caso TEPJF de 2016) argumentando que el Congreso no tiene las facultades sobre los nombramientos o plazos de los miembros del Poder Judicial de la Federación, ha llegado el momento de que sus conocimientos jurídicos apliquen una vez más.

ACTUALIZACIÓN: En el proceso de escritura del presente artículo, el pleno de la Cámara de Diputados — por conducto de la mayoría de la coalición morenista y el Verde Ecologista — aprobó la reforma a la Ley Judicial de manera contundente, y Zaldívar anunció que "ponía en las manos de la Corte" el destino de la misma. Lo que al autor le llama la atención es el hecho de que el ministro presidente hubiese esperado hasta ahora para decir algo. Ahora que el Congreso volvió Ley lo que puede ser la oda a la inconstitucionalidad.

Imagen 2.2: La Cámara Baja aprobó extender el mandato de Zaldívar y de los consejeros del
CJF sin importar las más de 500 reservas presentadas por diputados de la oposición. 
(Fuente: El País)

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